Notas críticas sobre el Valle del Ortigal (Popayán, Cauca)

Desde las regiones Marzo 20 de 2020

En el marco del programa de las cien mil viviendas gratis del gobierno nacional (2010 - 2014), se destinó para la ciudad de Popayán, el conjunto habitacional denominado Valle del Ortigal, el cual se encuentra ubicado sobre la variante sur que comunica a Cali, Popayán y Pasto, a un extremo de la ciudad con escasa comunicación y articulación a los procesos de desarrollo urbano.
 
Se estima que hay una población alrededor de las 6500 personas con un promedio de 4 personas por hogar (MVCT, 2016); sin embargo, hay hogares en los que el número de residentes llega a 10 y considerando que el promedio de casas y apartamentos es de 42 mts2, habría un importante grado de hacinamiento.
 
Para que la población pudiese acceder a la vivienda, necesariamente debía estar inscrito en alguno de los programas del Estado (Red Unidos, SISBEN y/o víctimas). Lo cual sugiere bajos niveles educativos y de ingresos (Macuacé 2019).
 
Si bien es cierto, la vivienda es un bien de vital importancia para la población, toda vez que, le suministra abrigo, le permite reproducir su familia, puede ser utilizado como medio para percibir ingresos, realizar actividades productivas, etc., es importante recordar que, la vivienda no son las cuatro paredes y techo, lo que permite que la población habite, la vivienda por el contrario debe tener una articulación con el acceso a los servicios públicos, requerimientos para la articulación con el entorno inmediato y con los procesos de desarrollo urbano (Duarte, 2017).
 
Los beneficiarios del programa, previo a la entrega de estas viviendas, residían en asentamientos o en barrios populares, lugares que ocuparon al llegar a la ciudad. En estos debían cubrir costos de arriendo y otros gastos, alcanzando en promedio los $194.000 pesos mensuales , no obstante, esta situación cambió con la entrega de las nuevas viviendas, en vista de que debieron asumir el costo de servicios públicos, por tanto, actualmente, según indican los moradores, el costo mensual se calcula en $280.000 pesos mensuales aproximadamente (Macuacé, 2019). Dicha situación afectó a un grupo importante de habitantes, ya que, en vista de las escasas posibilidades de empleo y los bajos niveles de ingresos económicos, éstos no han logrado cubrir los pagos necesarios, presentando retrasos en sus obligaciones y corriendo el riesgo de pérdida del inmueble.
 
Es fundamental resaltar la manera en que la población debió asumir cambios, ajustarse a un ritmo de vida diferente y aprender a realizar otras actividades, ya que con el subsidio de la vivienda gratuita, las familias, en especial la población en condición de desplazamiento y los afectados por la ola invernal, anteriormente se dedicaban al trabajo agrícola, dada su procedencia de áreas rurales de diversos municipios del país, lo que dificulta el acceso al mercado laboral de la ciudad por la exigencia de un mayor de nivel de cualificación y acudir a la búsqueda de empleos informales que requieren pocas habilidades, en condiciones precarias y baja remuneración.
 
Adicionalmente, es necesario indicar que hay una gran ausencia de programas sociales a corto y/o mediano plazo, lo cual dificulta aún más la solución de los problemas de convivencia, pues la presencia permanente de factores de desestabilización como los grupos de pandillas integrados por niños y jóvenes, pequeñas bandas que extorsionan y situaciones como el consumo de sustancias alucinógenas, la violencia intrafamiliar, las violaciones sexuales, entre otros temas, agravan constantemente la situación y mantienen sometida a la población a condiciones de vida precarias y a altos niveles de inseguridad, todo lo cual, con el paso del tiempo y sin una intervención oportuna ejercerá cada vez más presión sobre esta burbuja social llamada Valle del Ortigal.
 
De ahí, que el gobierno mediante una Política Nacional pretendió garantizar el derecho a una vivienda digna mediante este programa resulta paradójico. Dado que la garantía de un techo, no eliminó, la precariedad en el acceso a servicios públicos, educativos, salud, recreación, transporte, empleo, entre otros y, por el contrario, generó más pobreza urbana.
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