Este siglo XXI ha estado marcado por la globalización y el mercado, los cuales reinan sobre todos los designios de este planeta. A ellos debemos sumar la crisis mundial de salud pública derivada de la pandemia del COVID-19, lo cual nos obliga a reflexionar si debemos o no retornar a la “normalidad” en la que hemos vivido en las ciudades y el territorio hasta 2019.
Una “normalidad” marcada por la reducción a su mínima expresión del andamiaje de los estados y su afán de entregar al mercado toda la vida y prácticas de la sociedad cumpliendo un vago o nulo papel de regulación. En ello debemos incluir las prácticas de [Des]Ordenar la ciudad y el territorio para satisfacer este propósito.
Globalización que ha profundizado la exclusión y marginación, la inequidad, fragmentación territorial, segregación socio espacial, que repercute en el ejercicio pleno de las ciudadanías, en la materialización de sus derechos, particularmente el Derecho a la Ciudad y el Territorio.
Lo que devela el momento actual no es nuevo, sino que corresponde a la visibilización de acciones que ya se venían produciendo y en donde la sociedad, en general, se había acostumbrado a vivir en esa “normalidad”. Que, con sus dinámicas inerciales lograba establecer un ritmo, frente al funcionamiento de las ciudades y el territorio, a pesar de no ser el esperado por todos. Sin embargo, hoy este aparente “equilibrio” se fractura y exhibe las consecuencias contra aquellos que no tienen las condiciones para sostenerse en esa “normalidad”.
En el caso colombiano, este modelo de ciudad y de organización territorial ha efectuado la transferencia de la responsabilidad pública al sector privado en materia de servicios públicos (privatización de las empresas de electricidad, agua, telefonía, gas natural, aseo, y transporte), en materia de servicios sociales (baste con recordar el desmonte del sistema de salud (Ley 100) y la imposición de un modelo de privatización), y en la venta de la mayor parte de los activos públicos con el pretexto de reinversión para la atención de las necesidades sociales. Es decir, asistimos a una “normalidad” marcada por la desestructuración de los bienes colectivos, lo público y del papel del estado como responsable de la sociedad.
Este modelo que se refleja en todos los ámbitos de la sociedad, tanto los públicos como los privados y genera a su vez una visión territorial que se construye a través del Ordenamiento Territorial, espacializando un modo de producción que basa todo su crecimiento y progreso en las fuerzas del mercado y no en la realización de los seres humanos.
Es por ello que esta sumatoria de actuaciones sobre la ciudad y el territorio, conectadas a los planes de desarrollo, los planes de ordenamiento y las formas de planeación, que impulsan el crecimiento económico a nivel urbano y territorial, basan su racionalidad en formas diferenciadas de mercado, incidiendo negativamente en la habitabilidad y en las condiciones de vida de la mayoría de la población.
Así, el modelo de ciudad y la organización del territorio que se continúa reconfigurando apunta a fortalecer la especulación y los designios del capital nacional y transnacional negando las conquistas sociales y deslegitimando el derecho de los habitantes en la ciudad y el territorio a tomar decisiones sobre su presente y su futuro.
El ordenamiento de la ciudad y el territorio son esenciales para formular su planeación y gestión a mediano y largo plazo. Determinan los estándares mínimos, formas, y usos del suelo, buscando el mejoramiento de la calidad de vida y la optimización de los servicios urbanos y territoriales. El ordenamiento para la nueva normalidad debería ser el resultado de un consenso social en torno al modelo de ciudad y de ocupación del territorio para la vida. Debería reflejar la voluntad política de los gobernantes, como representantes legítimos de los intereses de la sociedad, en facilitar la inclusión de aquellos sectores que históricamente han estado marginados de las decisiones sobre el devenir de la ciudad y el territorio.
Por tanto, para encarar esa nueva normalidad se requiere garantizar el Derecho a la Ciudad y el Territorio, que demanda ir más allá de la ecuación económica, ir más allá de los individuos, es la materialización de los derechos colectivos e individuales, es garantizar la justicia social, la equidad y la paz territorial, significa avanzar en la resolución consensuada de los conflictos urbanos y territoriales.
Así, la inclusión y la garantía de la materialización de derechos se basa en la construcción social de la ciudad y el territorio, la cual está asociada a la disposición de todos a comprender y asumir que cada cual tiene un saber y que es solo la sumatoria de todos estos saberes la que garantiza un ordenamiento territorial adecuado y una verdadera construcción social basada en derechos. En últimas, debemos avanzar en la construcción de una nueva normalidad basada en el derecho a la ciudad y el territorio.
