Esta investigación indaga por los incentivos que han generado las reglas formales en los procesos de renovación urbana en Bogotá, así como sus resultados, antes y después del Plan de Ordenamiento Territorial del año 2000, sus modificaciones (2003 y compilación en 2004) y reglamentaciones específicas (Planes Parciales y Decreto 562 de 2014). Evidencia el alcance de las normas del tratamiento de renovación urbana en las modalidades de redesarrollo (planes parciales) y reactivación; así como las normas del tratamiento de consolidación en la modalidad de cambio de patrón.
El estudio demuestra que aunque desde los primeros estatutos de uso del suelo en la ciudad (1979 y 1990) y posteriormente con el POT se han incorporado normas para intervenir áreas deterioradas y con bajo potencial de uso y se han identificado polígonos para “hacer” renovación urbana; en la práctica se ha venido ampliando el perímetro urbano y el suelo en tratamiento de desarrollo (sin urbanizar), se han densificado las áreas de mejoramiento integral, y puntualmente la renovación ha tenido importantes restricciones para su concreción en el territorio.
Parte de los factores que confluyen para que ello suceda así, es que la renovación requiere voluntad política y un sector público fortalecido, condiciones que hasta la fecha han sido limitados en la ciudad. De la misma manera, las reglas que se establecen para el redesarrollo y la adopción de los planes parciales tienen restricciones importantes, que impactan además, el proceso de ejecución de los mismos (tiempos, procedimientos, concertación de actores, gestión social, cambios de gobierno, etc.). Por su parte, la modalidad de reactivación se ha venido realizando predio a predio y sin cargas urbanísticas, lo que en sí mismo no es posible asociarlo con el concepto integral de renovar y revitalizar zonas importantes para la ciudad. Sumado a lo anterior, otras normas como las del tratamiento de consolidación en la modalidad de cambio de patrón, sí han incentivado importantes transformaciones de la ciudad construida, sin un proceso de generación o pago para generar nuevo espacio público (vías, parques), de renovación de redes o servicios públicos y un reparto de beneficios con la colectividad.
El análisis de otros instrumentos aprobados en la ciudad en el período (2014-2016) para superar este tipo de restricciones del POT vigente, muestra sin embargo, que aunque se ha avanzado en la posibilidad de dinamizar el mercado inmobiliario en zonas de la ciudad que son importantes para hacer revitalización urbana, y se han generado recursos para la inversión en espacio público y otros soportes urbanos; estos procesos solo han concretado una renovación de las edificaciones, con limitado alcance en los propósitos de la renovación urbana.
Se entiende que los procesos de renovación con revitalización urbana son de largo aliento, sin embargo, es fundamental trascender la discusión que plantea una dicotomía entre los grandes proyectos urbanos y los proyectos detonantes para promoverla; y de la misma manera avanzar hacia intervenciones urbanas integrales, que incluyan a los moradores originales, que renueven los soportes urbanos, articuladas con el resto de la ciudad o con otras piezas urbanas, que de ser posible promuevan el re-uso de las edificaciones existentes y la mezcla de usos y actividades, y que respeten el patrimonio histórico y cultural. Hasta ahora podría decirse entonces, que la renovación urbana continúa siendo un asunto de política pendiente en la ciudad.
