Una de las tácticas recurrentes para emplazar las discusiones sobre seguridad y ciudad es iniciar el debate dibujando un oscuro panorama de distopías urbanas. Las imágenes de ciudades inmanejables, con amplios sectores de la población en la miseria y perdidos en las drogas y vicios, crimen generalizado, corrupción estructural y una vida llena de miedos que nos hace angustioso el hecho de vivir juntos, se invocan como antesala del debate sobre la cuestión de la seguridad urbana contemporánea (Campbell, Graham, y Monk 2007; Carrión 2013; Graham 2003; Lindón 2008, 2011).
Frente a esas distopías urbanas “explicadas” por la inseguridad (la inseguridad la explica la inseguridad misma) han surgido preguntas y respuestas de expertos acerca de: ¿qué es la seguridad en general?, ¿qué significa la seguridad en la ciudad?, ¿es la seguridad un derecho?, ¿si es un derecho, cómo se vincula con otros derechos? Y, claro, ¿qué hacer frente a la violencia y los actos delictivos a los cuales se exponen las personas en las ciudades?, ¿cuáles son las políticas públicas de seguridad más pertinentes?
Por supuesto, las anteriores preguntas son pertinentes. Pero las respuestas elaboradas han derivado en dos problemas fundamentales que han estancado el debate sobre la seguridad en la ciudad ( Alda y Beliz 2007; Acero 2005; Acero 2009; Baldwin 1997; Bright 2014; Hughes y Lai 2011). En primer lugar, estas han fijado el concepto de seguridad en unas cuantas dimensiones y han llenado el panorama político y académico de lugares comunes. Y, en segundo lugar, se han olvidado de que la seguridad es sobre todo un ámbito de acciones sociales que está más allá de la política pública de seguridad; es decir, se han olvidado de la heterogeneidad interna de prácticas y modos de producción de la seguridad. Puesto de manera más sintética, el debate contemporáneo sobre seguridad olvida que esta es ante todo un proceso y un ámbito de acciones de muchos actores, objetos, controversias y tensiones entre innovaciones y permanencias (Booth 2005; McDonald 2008a).
En ese sentido parece pertinente usar una expresión como “securización de la ciudad” con el fin de captar el carácter procesual, accional y plural de la construcción de la seguridad (Balzacq 2010). Plantear que la seguridad está en movimiento y es diversa no es una reivindicación que tiene como horizonte una “artificial revolución terminológica”. Más bien, busca alumbrar nuevas dimensiones, actores, objetos y contradicciones del proceso de construcción de la seguridad (Wilhelmsen 2017; Baele y Thomson 2017) .
Considerar que la seguridad es un proceso, que es diverso y que está marcado por la heterogeneidad de acciones permite:
- re-problematizar la seguridad: incorporar nuevos temas, plantearse nuevas preguntas y, sobre todo, explorar formas alternativas de seguridad (“seguridades otras”);
- re-politizar la seguridad: entender los retos y las oportunidades para la convivencia derivados de las formas diversas de producción de la seguridad.
La securización es, entonces, un concepto que busca mostrar que existen múltiples sentidos en la construcción de seguridad. Por eso, frente a las preguntas sobre la seguridad (¿Es la seguridad un derecho? ¿Es la seguridad un bien común? ¿Es la seguridad un dispositivo de control social? ¿Es un sentimiento? ¿Es un conjunto de infraestructuras para la vigilancia?), esta perspectiva sostiene que estas cuestiones se resuelven observando las acciones de securización de los actores en contextos concretos.
Al mismo tiempo, la producción de la seguridad internaliza procesos diferentes como: la constatación de que la construcción de paz, los procesos de memoria, la reparación y la justicia necesitan seguridad (Hernández 2016; Mockus 2013; Torres et al. 2016; Cendejas y Merino 2016); la reinterpretación de la seguridad emergida de la convergencia entre “el derecho a la ciudad” y “las seguridades” que han efectuado movimientos sociales (Castro-Coma y Martí-Costa 2016; Peña 2014; Ugalde 2015); la búsqueda de formas no autoritarias ni vigilantistas de seguridad de comunidades y organizaciones (Pegoraro 2002); y las agendas políticas de “desecuritización” (Behnke 2006; Jutila 2006; Gad y Petersen 2011).
Consideramos que es pertinente llamar la atención sobre otras formas en las que la seguridad está construyéndose en barrios, comunidades, ciudades, países, movimientos sociales, agendas políticas y prácticas personales. Observar la diversidad de prácticas pone en evidencia diferentes apropiaciones y niveles del problema de seguridad, que suelen escapar a la visión dominante de seguridad que entiende la producción de la seguridad como la lucha que efectúan las instituciones estatales para gestionar la criminalidad.
En efecto, hemos venido transitando de una perspectiva en la que el “Estado” era el protagonista de la producción de la seguridad y actuaba más o menos coherentemente como una máquina de subordinación biopolítica y/o burguesa (Elden 2007) hacia una perspectiva en la que existen diversos participantes y acciones de securización. No obstante, hay actores en la construcción de seguridad tan diversos como: la cooperación internacional; los grupos de vigilancia vecinales; las organizaciones sociales de jóvenes, mujeres, niños, niñas y adolescentes; los individuos y sus familias y, por supuesto, las organizaciones delincuenciales interactuando con policías y comunidades. Todos estos actores ejercen acciones de securización con implicaciones muy diversas y, paralelamente, establecen relaciones colaborativas y contradictorias entre sí.
Involucrar a varios actores nos concede la posibilidad de ver detalles sobre los mecanismos mediante los cuales se reproducen o se crean disrupciones en los discursos, los sentidos y las prácticas de securización más comunes. Por ejemplo, incluir a las organizaciones sociales populares evidencia que las comunidades de los barrios pobres de la ciudad no solo pueden ser socias de las estrategias de vigilancia policial y militar o depositarias de las intervenciones de las instituciones públicas sino que pueden ser, también, propositivas y creativas a la hora de enfrentar la inseguridad. Igualmente, ver que el Estado no es un actor monolítico frente a la producción de la seguridad. O también resulta interesante analizar que en las instituciones gubernamentales hay diversos sentidos de la seguridad y que entre estos hay tensiones y acuerdos sobre los objetivos de ésta (seguridad basadas en la defensa del Estado, o en el control del orden público, o en la integridad personal, o en la convivencia, etc.). Lo mismo sucede por el lado de las personas. En los habitantes de un mismo barrio, enfrentar la inseguridad puede significar tomar medidas autoritarias, adoptar rutinas personales y familiares de manejo de la inseguridad o realizar acciones colectivas a favor de los derechos humanos.
La Revista Territorios convoca a debatir la producción de la seguridad en plural. Invita a aquellos grupos de investigación, investigadores e investigadoras a presentar artículos que aborden el problema de la seguridad como proceso y no como una cosa, un derecho, un valor, un estado o una estructura invariable. Invitamos a todos los que hayan tratado la diversidad de prácticas y acciones de producción de la seguridad a presentar sus trabajos.
En tal sentido se recogerán trabajos que aborden temas como:
- Los movimientos sociales y la producción de la seguridad
- La teoría de la securización aplicadas al análisis de la seguridad urbana
- La construcción políticade la seguridad
- Las prácticas de construcción de seguridad de personas y comunidades
- Políticas publicas de seguridad
- La relación entre derecho a la ciudad y la seguridad urbana
- Conflictos armados, paz y seguridad ciudadana
- Los sentidos comunes políticos sobre seguridad
La coordinación editorial de la sección temática de este número está a cargo deLuis Berneth PEÑA (Universidad Externado de Colombia) y María Cristina CRAVINO (Universidad Nacional de General Sarmiento, Argentina).
Fecha límite de recepción de documentos: 15 de noviembre de 2017
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