En esta nueva edición de la Ciudades, Estados y Política, del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia, se presentan artículos que se enmarcan en las relaciones y las divergencias entre los estudios ambientales y los estudios urbanos, por lo que se desarrollan temas como los procesos de cambio de las coberturas vegetales sobre la cuenca alta del río Bogotá, la renovación urbana y desterritorialización, el modelo para medir la incidencia de las formas de apropiación del territorio en la transformación del espacio construido en sectores de origen informal, una caracterización de los predios del borde urbano- rural de Bogotá, políticas de regularización de asentamientos informales en los gobiernos urbanos de América Latina y una reseña sobre la ciudad hispana en la primera globalización.
Lo ambiental y lo urbano deben estar articulados con la Estructura Ecológica Principal (EEP), que no es un concepto de las ciencias naturales, sino una decisión social sobre una forma de manejar el territorio con objetivos específicos. Si bien su definición específica en un territorio requiere de un sustento científico, su diseño rebasa el alcance de la ciencia. La EEP representa la llegada del concepto de fragmentación-conectividad a la planificación territorial municipal. Es un instrumento de gestión originalmente definido para la biodiversidad, y solo de manera posterior fue extendido hacia la conectividad funcional de los servicios ecosistémicos.
Sin embargo, tiene una limitación dado que las acciones de gestión de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos no coinciden siempre teórica y metodológicamente, porque en cualquier discusión sobre conectividad se impone responder qué es lo que se desea conectar y con qué fin. La EEP tiene objetivos múltiples, pero no resuelve todo. Es necesario asociarla con objetivos específicos relacionados con los atributos sociales y ecológicos que se desean mantener o mejorar en el territorio, con indicadores de seguimiento.
Se trata de un instrumento fundamental en la ordenación del territorio, pero en su implementación se perciben limitaciones o vacíos institucionales, en especial, aquellos que tienen que ver con la gestión de las áreas protegidas o especiales en las ciudades y en sus entornos rurales.
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